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Podría suponerles una multa de suspensión de empleo por tiempo de seis meses a dos años
La Fiscalía de Málaga ha citado a declarar este martes a 11 controladores del aeropuerto malagueño, dentro de la investigación que se inició por un presunto abandono del servicio público durante la tarde del viernes día 3 y el sábado día 4 de diciembre del pasado año, lo que provocó incidencias en los vuelos.
Esta citación se produce después de que la Fiscalía malagueña requiriera a Aena que informara de si se produjo abandono o dejación de funciones en los turnos de esos días, a lo que este organismo respondió con una relación de 14 personas, la mayoría de las cuales habían alegado motivos médicos.
Así, los primeros tres controladores, dos hombres y una mujer, ya comparecieron en relación con estos hechos el pasado día 22 de diciembre y se acogieron a su derecho a no declarar en estas diligencias, sino a hacerlo en su momento en presencia del juez predeterminado por ley.
En esa comparecencia se les informó de la investigación penal abierta para averiguar si en el control de aeródromo o torre o en el de aproximación de Málaga hubo algún abandono del servicio y para determinar si las incidencias fueron consecuencia de esto o por un no funcionamiento del centro de control de Sevilla.
Tras esto, fueron citados los otros 11 controladores incluidos en el listado con el fin de que comparecieran entre los días 11 y 14 de este mes, según los servicios asignados para no causar perjuicios en el desarrollo de la actividad aeroportuaria; aunque previsiblemente comparecerán todos este martes.
La Fiscalía sostiene inicialmente que podría tratarse del delito del artículo 409 del Código Penal, que se refiere a "las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizasen el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público". En este caso, se prevé multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Asimismo, en un segundo apartado de dicho artículo se habla de "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad", para los que se fija una pena de multa, que oscila entre los ocho y los 12 meses.
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