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Los populares dicen que los aparatos están valorados en 180.000 euros y estudian acudir a los tribunales
El PP-A criticó ayer que el anterior gobierno de la Diputación de Málaga no ha devuelto, pese a habérselo solicitado por medio de un escrito el pasado mes de julio, los 800 móviles de última generación que se adquirieron durante la pasada legislatura y que están valorados en unos 180.000 euros, por lo que la formación está estudiando acudir a los tribunales por un presunto delito de «apropiación indebida».
En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, Sanz lamentó el «elevadísimo coste» realizado en telefonía móvil por parte de la Diputación de Málaga, al tiempo que recordó la obligación que tienen los anteriores cargos de devolver estos teléfonos o de pagar, si así lo prefieren, el precio de los terminales para poder adquirirlos en propiedad.
«Sentido patrimonialista»
Salado, que destacó el «sentido patrimonialista» de las instituciones que tiene el PSOE-A, precisó que el 50 por ciento de los terminales de telefonía, (en su mayoría Blackberry, iPhone y smartphones), iban destinados a cargos de confianza de PSOE e IU, concretamente un total de 446 móviles. Además, según apuntó, el gasto en llamadas telefónicas que se ha realizado a lo largo de la legislatura ha sido de 104.000 euros.
El dirigente malagueño resaltó que «casi ninguno» de estos teléfonos ha sido devuelto, pese a que la diputada de Nuevas Tecnologías de la Diputación envió el pasado día 8 de julio un escrito a los responsables de la institución y al portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Jesús Mora, en el que se pedía la devolución de los teléfonos y también de los portátiles.
En lo que se refiere al material informático, Salado indicó que en el área de Presidencia había doce portátiles y dos iPad y que ninguno ha sido devuelto.
Además, Salado señaló que en diciembre de 2010 se compraron tres iPad (uno para el expresidente del ente supramunicipal Salvador Pendón y dos para sus asesores), que se pagaron en metálico en unos grandes almacenes, con un coste total de de 2.379 euros.
Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, criticó que el PP «trate de lanzar cortinas de humo para tapar su incapacidad manifiesta al frente del ente». «Hoy manipulan a la verdad lanzando datos falsos sobre material telefónico elevando el número de terminales a disposición del equipo de gobierno a 800, cuando en 2010 eran 383 las líneas a disposición de todos los departamentos de la institución (servicios sociales comunitarios, mujeres víctimas de violencia de género atendidas por la Diputación, jefes de servicio, técnicos, etc), aseguró.
Asimismo, afirmó que estos terminales «no han sido requeridos ni al gobierno ni a los miembros de la oposición» al tiempo que indicó que «la mayoría de las líneas son usadas por personal de la institución que sigue en sus funciones».
Si es verdad que lo devuelvan o lo paguen, pero mucho cuidado que por la boca muere el pez.
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