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El alcalde afirma que ya se ha gastado el dinero del metro
De la Torre se reúne hoy con la consejera de Obras Públicas en Sevilla para abordar el futuro del suburbano
El alcalde, Francisco de la Torre, se llevará hoy bajo el brazo a su reunión con la consejera de Obras Públicas y Urbanismo, Josefina Cruz, el acuerdo unánime de la corporación municipal, votado ayer, en el que pide a la Junta que adopte las medidas necesarias para que «cuanto antes» se puedan terminar «todas las obras ferroviarias del metro» correspondientes a las líneas 1 y 2 y poner en servicio «toda la actuación prevista».
A partir de dos mociones, una presentada en primer lugar por IU y otra más reciente firmada por el PP y gracias a las buenas artes del concejal de Movilidad, Raúl López, y al interés de los portavoces adjuntos del PSOE, Carlos Hernández y de IU, Eduardo Zorrilla, se obtuvo, tras un debate limpio y abierto un acuerdo.
Éste recoge otro segundo punto referente al destino a dar a la aportación municipal a las obras del metro; la propuesta reclama a la Consejería que «a la mayor brevedad posible» formalice un convenio específico con el Ayuntamiento donde se reflejen los acuerdos adoptados con la Consejería, relativos a que el Ayuntamiento sea exonerado de los 17 millones de euros que debe adelantar para la ejecución de las obras del metro y ese dinero pueda emplearlo el Ayuntamiento en otras inversiones de ciudad.
Modificar el convenio
A propósito, en una comparecencia previa al pleno, el alcalde aclaró que la partida presupuestaria destinada a pagar los 17 millones de euros que exige la Consejería de Obras Públicas en materia de canon para las obras del metro se ha gastado en su «mayor parte en otros temas de la ciudad».
El acuerdo consta de un tercer punto que plantea instar a la Consejería a que adopte las medidas necesarias para minimizar el impacto visual en la ciudad en aquellas zonas en que las obras del metro se van a demorar respecto a la fecha prevista de noviembre de 2011 y que además elabore un plan de apoyo al comercio de las zonas en obras.
La propuesta aprobada ayer cuenta con otros tres puntos que también salieron adelante, pero esta vez con el rechazo del PSOE al considerar que afectan al convenio firmado en su día entre la Administración central y la Junta de Andalucía para la financiación de las línea 1 y 2 del metro.
Privatizaciones
Estos puntos tienen como objetivo instar a la Junta a que modifique el convenio de colaboración suscrito con la Administración central, para la financiación de las obras del metro, «con objeto de que la aportación del 33% del Estado sea sobre el contrato de ejecución de las obras y no sobre el de adjudicación» y en segundo lugar en conocer los antecedentes y situación actual del citado convenio de colaboración.
Otro gran debate del pleno de ayer fue la defensa de las empresas públicas municipales frente a posibles privatizaciones, lo que permitió una amplia discusión a partir de varias propuestas presentadas por los dos grupos de la oposición y observar la actitud controvertida del PP. Por un lado, los populares se erigieron en firmes defensores de las empresas públicas municipales, en palabras de su portavoz, Carolina España, pero a la hora de retratarse mediante el voto rechazaron las propuestas del PSOE y de IU. La del PSOE pedía al equipo de gobierno que «no siga dando pasos para la privatización de servicios públicos esenciales».
El PP dijo no. Las dos de IU pedían que se garantizase el carácter público de Parcemasa y de Emasa. Ambas contaron con el rechazo del PP, si bien en el caso de Emasa el alcalde ya señaló anteriormente que su privatización «queda totalmente descartada». En relación a la empresa del Parque Cementerio (Parcemasa), el PP rechazó el que se garantizase el carácter público de la empresa, si bien el alcalde matizó al final del debate que la misma «seguirá siendo pública mientras sea viable».
Perjuicio al ciudadano
Respecto al debate general, el alcalde aseguró que «hemos demostrado que defendemos el sector público aquí más que el PSOE» y en este sentido puso como ejemplo la empresa municipal del servicio de asistencia a domicilio, «antes privada»; la de Parcemasa, que era de mayoría privada con el mandato del PSOE, la creación de la empresa Más Cerca o la de limpieza de colegios públicos y sedes municipales (Limposam).
A su vez la portavoz del PSOE, María Gámez, señaló que la privatización de estos servicios obligatorios va en detrimento de los beneficiarios, que son al final los ciudadanos y de los trabajadores, ya que las empresas privadas buscan «el máximo beneficio» y, ello trae aparejada una rebaja de la calidad de los servicios y por tanto, podría perjudicar a este tipo de clientes fijos.
